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Una trabajadora, que viene desempeñando su labor como camarera en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) desde septiembre de 2003, ha tenido que volver a incorporarse a su puesto de trabajo bajo el mando de la persona condenada judicialmente en primera instancia, por presuntamente, haberla acosado laboralmente. Decimos presuntamente por que la sentencia esta recurrida y por tanto no es firme.

Una situación que se produce a pesar de que tanto la empresa, Aramark Servicios de Catering, S.L.U. como el actual director/gerente y el anterior jefe de la cocina de las cafeterías del CHUS han sido condenados por el Juzgado de lo Social Número 3 de Santiago por «vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad y en la discriminación» de la empleada.

La sentencia, dictada el pasado 18 de mayo de 2018, condena a los dos trabajadores «a cesar inmediatamente en su actitud» frente a la trabajadora; y también condena a la empresa «a hacer cumplir tal extremo, adoptando las medidas necesarias para impedir la situación de acoso moral laboral que la demandante viene padeciendo». Una sentencia que no es firme, por lo que los tres condenados han presentado recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ( TSXG).

Total desamparo

«A pesar de haber obtenido el amparo de los tribunales, lo cierto es que mi cliente se encuentra en una situación de total desamparo, obligada a vivir meses sin ingresos ante la imposibilidad de reincorporarse a su puesto de trabajo como consecuencia de que uno de los condenados sigue prestando servicios como gerente en el centro de trabajo del CHUS de Santiago», explica Carmen Romero Silva, abogada de la trabajadora presuntamente acosada. Además, hasta la resolución del TSXG, que podría demorarse entre 4 y 8 meses, la relación laboral de la trabajadora acosada y Aramark Servicios de Catering, S.L.U. se mantenía en suspenso, por lo que no percibía ningún salario desde el 31 de mayo de 2018.

«Pese a que la suspensión de la relación laboral de mi clienta con la empresa se adoptó buscando su protección, esta decisión la obligaría a vivir sin ningún tipo de ingreso a la espera de que la sentencia sea firme, algo que previsiblemente se va a retrasar algunos meses como consecuencia de los recursos de suplicación pendientes de resolución», apunta la abogada.

Reincorporación

Esta situación ha provocado que la trabajadora se haya visto obligada a renunciar a la medida cautelar de suspensión de su contrato de trabajo mientras la sentencia sea firme, que había acordado el juzgado, y a reincorporarse a su puesto de trabajo el pasado 1 de noviembre. A pesar de que tanto ella cómo los representantes sindicales en el CHUS habían pedido el traslado temporal del gerente condenado, Aramark Servicios de Catering, S.L.U. no ha tomado ningún tipo de medida, pese a estar obligada por la sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de Santiago.

De hecho, en una reunión celebrada el pasado 3 de septiembre con los representantes sindicales, la empresa acordó con ellos que adoptaría las «medidas necesarias, concretas y oportunas» en el momento que la trabajadora se incorporara a su puesto de trabajo para evitar que ambas partes se relacionen en el ejercicio de sus funciones. «Sin embargo, la reincorporación se ha producido el pasado 1 de noviembre y, aunque el jefe de la cocina ya no presta sus servicios en el centro compostelano, mi clienta sigue trabajando en el mismo centro que el gerente condenado por acosarla laboralmente», lamenta Carmen Romero.

La abogada recuerda que desde mayo de 2017 la trabajadora se encuentra bajo tratamiento médico por un estado de ansiedad, lo que motiva que el doctor que la ha venido tratando en la Seguridad Social haya recomendado que «se incorpore en un puesto o lugar que le provoque la menor ansiedad posible y que suponga una situación lo menos ansiógena». Recomendación que tampoco ha sido tenida en cuenta por Aramark Servicios de Catering, S.L.U.

Los distintos hechos que motivaron la presentación de la denuncia contra los tres condenados se remontan a junio de 2015 y se reproducen a lo largo de los tres últimos años. «Una situación que la trabajadora considera una represalia por su labor sindical, ya que era presidenta del Comité de Empresa y en el ejercicio de sus funciones debía trasladar reivindicaciones de los trabajador@s a la Dirección de la empresa», indica Romero Silva.

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